02 noviembre 2014
02 septiembre 2014
El libro de los Juicios, EDIUNC
"El libro de los Juicios", se presenta el próximo 9 de setiembre en la Universidad Nacional de Cuyo. A continuación, prólogo de Horacio Verbitsky, ilustraciones de Angela Urondo Raboy.
En abril de 2010 , Otilio Romano era amo y señor de la justicia
federal de Mendoza y su imperio basado en la defensa de la impunidad combinaba personal judicial con intereses políticos y económicos.
El diario Uno, de la sociedad que integran Francisco De Narváez, José
Luis Manzano y Daniel Vila, publicó una nota escandalizada con el título
«Magistrados en una conferencia. Omar Palermo, Héctor Cortés y Antonio
González Macías, integrantes de los Tribunales Federales, presenciaron una
charla de Horacio Verbitsky. Deben actuar en causas que se criticaron allí».
No es verdad que se hayan criticado las causas. Se denunció la complicidad
de Romano y de su colega Luis Miret con el terrorismo de Estado. El diario se preguntó si los jueces asistentes «están en condiciones de actuar de
manera imparcial cuando deberán dar a conocer sus sentencias en casos en que se investigan los hechos sucedidos durante la dictadura». Ese mismo
inaudito argumento emplearon los defensores de varios compañeros de
causa de Luciano Benjamín Menéndez para recusar a Cortés y sus dos
colegas del Tribunal Federal 2 por no declarar «la inconveniencia de haber
asistido a dicha conferencia». La conferencia la di yo, que no era parte en
esas causas, y ninguno de los jueces que me escucharon adelantó opinión
alguna sobre ningún hecho. Ni en ese ni en ningún otro expediente se discutía la legitimidad o la moralidad de los crímenes del Estado terrorista ni
la vigencia de las Leyes de Punto final y Obediencia debida, nulificadas por
la Corte Suprema y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lo único que se analizaba en cada juicio era la intervención que pudieron
haber tenido en los hechos las personas acusadas, determinar si cometieron o no los crímenes que se investigan. Cualquier otro enfoque encubría
una vergonzante convalidación del terrorismo de Estado.
Cuatro años después esto es evidente y tanto Romano como Miret y
los también ex jueces Rolando Evaristo Carrizo, Carlos Pereyra González,
Guillermo Max Petra Recabarren y Gabriel Guzzo, debieron sentarse entre
los acusados de la megacausa cuyana. Pero en aquel momento, denunciar
esa complicidad era visto como una osadía inviable. La suspensión de Miret
como profesor de la U N Cuyo, el juicio político a Romano y Miret en el
Consejo de la Magistratura, la fuga de Romano a Chile, su extradición concedida por la justicia y el gobierno de ese país, su alojamiento en una cárcel común y el juzgamiento de todos ellos en el mismo lote con el personal
militar, policial y penitenciario, de cuyos actos criminales fueron partícipes,
forman parte de un extraordinario proceso social y político que puso a la
sociedad mendocina a tono con lo que sucede en el resto del país. Sus distintos pasos y las dificultades que fue preciso superar son la materia de la
que está hecho este libro, con aportes de algunos de sus protagonistas fundamentales. Es un honor que me hayan invitado a presentar este trabajo,
que documenta el desmantelamiento del entramado de la complicidad civil
con el terrorismo de Estado.
Comienza con dos capítulos de orden histórico del fiscal Dante Vega y del
abogado Diego Lavado, que contextualizan y relatan los hechos, situándonos
en la época en que se produjeron las violaciones a los derechos humanos y
dando así un marco político a los demás capítulos.
Continúa con un análisis de lo que podríamos llamar el primer avance
producido en la provincia de Mendoza en el juzgamiento de estos crímenes,
demostrándose la necesidad que surgió durante el desarrollo de los juicios
de cambiar la calificación legal de los delitos atribuidos, para llegar a soluciones más justas en el castigo a los responsables de la desaparición forzada
de personas y los homicidios cometidos durante la dictadura.
La doctora Viviana Beigel, del Movimiento Ecuménico por los Derechos
Humanos, analiza la formulación realizada durante la investigación de las
causas, donde se acusaba por privación ilegítima de la libertad, lo que permitía a todos los imputados permanecer en libertad durante la tramitación
del proceso, demostrando el éxito de la ingeniería política del plan criminal para asegurar la impunidad de los represores. También analiza las sentencias del Tribunal Oral de San Rafael y Mendoza, que califican los hechos
como homicidio agravado.
Fernando Peñaloza describe el paso de la figura de homicidio agravado
a la de genocidio y analiza la dificultad para llegar a una condena por este
delito, para lo cual abrieron la puerta las sentencias de Mendoza.
El libro continúa con un análisis del caso de Paco Urondo, marcando un
avance en el descubrimiento de la verdad histórica para el crimen del escritor y periodista asesinado en Mendoza. Alfredo Guevara (h), cuyos padres
iniciaron la causa en cuanto fue posible, expone cómo se pudo descubrir
que la causa de su muerte fue un golpe en la cabeza propinado por uno de
los policías, que le destrozó la base del cráneo, y no la ingesta de una píldora
de cianuro, como se había creído hasta entonces.
Otro capítulo repasa la mencionada complicidad judicial, con un análisis comparativo de Nüremberg con Mendoza.
El proceso colectivo que se desarrolla en la causa 636F es analizado por el
abogado querellante Pablo Salinas, hijo de detenidos-desaparecidos y uno
de los principales impulsores del avance de las investigaciones, e incluye a
los ex jueces y ex fiscales de la dictadura, reconociendo como antecedente el
juicio a los jueces de Nüremberg. Queda claro que la resistencia que el aparato judicial oponía al avance de las causas por violaciones a los derechos
humanos era un acto en defensa propia por parte de los cómplices con la dictadura militar. Haber desbaratado esa obstrucción deliberada constituye un
hito en el juzgamiento de la responsabilidad civil en la República Argentina.
Otro avance importante que el libro recoge es el reconocimiento en la
jurisprudencia mendocina de los ataques sexuales cometidos contra las
víctimas del terrorismo de Estado.
Pablo Garciarena analiza cómo se logró hacer responsables a los autores
mediatos y jefes superiores por los delitos sexuales cometidos por los subalternos. Se deja de considerar el hecho como un delito de «mano propia», ya
que era imposible para las víctimas reconocer a los autores directos por la
situación de clandestinidad en que ocurrieron y las condiciones de la detención ilegal, con los ojos siempre vendados. Estos delitos formaron parte del
plan criminal y toda la cadena de mandos es responsable.
El último trabajo, de Romina Ronda, analiza los efectos de la tortura y de
la impunidad, rescata la recuperación de la memoria en la reapertura de los
juicios y la importancia de la sentencia como productora de la verdad jurídica.
La obra aporta experiencias de los actores directos, que podrá ser replicada en futuros juicios por delitos de lesa humanidad en el país y el mundo
En abril de 2010 , Otilio Romano era amo y señor de la justicia
federal de Mendoza y su imperio basado en la defensa de la impunidad combinaba personal judicial con intereses políticos y económicos.
El diario Uno, de la sociedad que integran Francisco De Narváez, José
Luis Manzano y Daniel Vila, publicó una nota escandalizada con el título
«Magistrados en una conferencia. Omar Palermo, Héctor Cortés y Antonio
González Macías, integrantes de los Tribunales Federales, presenciaron una
charla de Horacio Verbitsky. Deben actuar en causas que se criticaron allí».
No es verdad que se hayan criticado las causas. Se denunció la complicidad
de Romano y de su colega Luis Miret con el terrorismo de Estado. El diario se preguntó si los jueces asistentes «están en condiciones de actuar de
manera imparcial cuando deberán dar a conocer sus sentencias en casos en que se investigan los hechos sucedidos durante la dictadura». Ese mismo
inaudito argumento emplearon los defensores de varios compañeros de
causa de Luciano Benjamín Menéndez para recusar a Cortés y sus dos
colegas del Tribunal Federal 2 por no declarar «la inconveniencia de haber
asistido a dicha conferencia». La conferencia la di yo, que no era parte en
esas causas, y ninguno de los jueces que me escucharon adelantó opinión
alguna sobre ningún hecho. Ni en ese ni en ningún otro expediente se discutía la legitimidad o la moralidad de los crímenes del Estado terrorista ni
la vigencia de las Leyes de Punto final y Obediencia debida, nulificadas por
la Corte Suprema y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lo único que se analizaba en cada juicio era la intervención que pudieron
haber tenido en los hechos las personas acusadas, determinar si cometieron o no los crímenes que se investigan. Cualquier otro enfoque encubría
una vergonzante convalidación del terrorismo de Estado.
Cuatro años después esto es evidente y tanto Romano como Miret y
los también ex jueces Rolando Evaristo Carrizo, Carlos Pereyra González,
Guillermo Max Petra Recabarren y Gabriel Guzzo, debieron sentarse entre
los acusados de la megacausa cuyana. Pero en aquel momento, denunciar
esa complicidad era visto como una osadía inviable. La suspensión de Miret
como profesor de la U N Cuyo, el juicio político a Romano y Miret en el
Consejo de la Magistratura, la fuga de Romano a Chile, su extradición concedida por la justicia y el gobierno de ese país, su alojamiento en una cárcel común y el juzgamiento de todos ellos en el mismo lote con el personal
militar, policial y penitenciario, de cuyos actos criminales fueron partícipes,
forman parte de un extraordinario proceso social y político que puso a la
sociedad mendocina a tono con lo que sucede en el resto del país. Sus distintos pasos y las dificultades que fue preciso superar son la materia de la
que está hecho este libro, con aportes de algunos de sus protagonistas fundamentales. Es un honor que me hayan invitado a presentar este trabajo,
que documenta el desmantelamiento del entramado de la complicidad civil
con el terrorismo de Estado.
Comienza con dos capítulos de orden histórico del fiscal Dante Vega y del
abogado Diego Lavado, que contextualizan y relatan los hechos, situándonos
en la época en que se produjeron las violaciones a los derechos humanos y
dando así un marco político a los demás capítulos.
Continúa con un análisis de lo que podríamos llamar el primer avance
producido en la provincia de Mendoza en el juzgamiento de estos crímenes,
demostrándose la necesidad que surgió durante el desarrollo de los juicios
de cambiar la calificación legal de los delitos atribuidos, para llegar a soluciones más justas en el castigo a los responsables de la desaparición forzada
de personas y los homicidios cometidos durante la dictadura.
La doctora Viviana Beigel, del Movimiento Ecuménico por los Derechos
Humanos, analiza la formulación realizada durante la investigación de las
causas, donde se acusaba por privación ilegítima de la libertad, lo que permitía a todos los imputados permanecer en libertad durante la tramitación
del proceso, demostrando el éxito de la ingeniería política del plan criminal para asegurar la impunidad de los represores. También analiza las sentencias del Tribunal Oral de San Rafael y Mendoza, que califican los hechos
como homicidio agravado.
Fernando Peñaloza describe el paso de la figura de homicidio agravado
a la de genocidio y analiza la dificultad para llegar a una condena por este
delito, para lo cual abrieron la puerta las sentencias de Mendoza.
El libro continúa con un análisis del caso de Paco Urondo, marcando un
avance en el descubrimiento de la verdad histórica para el crimen del escritor y periodista asesinado en Mendoza. Alfredo Guevara (h), cuyos padres
iniciaron la causa en cuanto fue posible, expone cómo se pudo descubrir
que la causa de su muerte fue un golpe en la cabeza propinado por uno de
los policías, que le destrozó la base del cráneo, y no la ingesta de una píldora
de cianuro, como se había creído hasta entonces.
Otro capítulo repasa la mencionada complicidad judicial, con un análisis comparativo de Nüremberg con Mendoza.
El proceso colectivo que se desarrolla en la causa 636F es analizado por el
abogado querellante Pablo Salinas, hijo de detenidos-desaparecidos y uno
de los principales impulsores del avance de las investigaciones, e incluye a
los ex jueces y ex fiscales de la dictadura, reconociendo como antecedente el
juicio a los jueces de Nüremberg. Queda claro que la resistencia que el aparato judicial oponía al avance de las causas por violaciones a los derechos
humanos era un acto en defensa propia por parte de los cómplices con la dictadura militar. Haber desbaratado esa obstrucción deliberada constituye un
hito en el juzgamiento de la responsabilidad civil en la República Argentina.
Otro avance importante que el libro recoge es el reconocimiento en la
jurisprudencia mendocina de los ataques sexuales cometidos contra las
víctimas del terrorismo de Estado.
Pablo Garciarena analiza cómo se logró hacer responsables a los autores
mediatos y jefes superiores por los delitos sexuales cometidos por los subalternos. Se deja de considerar el hecho como un delito de «mano propia», ya
que era imposible para las víctimas reconocer a los autores directos por la
situación de clandestinidad en que ocurrieron y las condiciones de la detención ilegal, con los ojos siempre vendados. Estos delitos formaron parte del
plan criminal y toda la cadena de mandos es responsable.
El último trabajo, de Romina Ronda, analiza los efectos de la tortura y de
la impunidad, rescata la recuperación de la memoria en la reapertura de los
juicios y la importancia de la sentencia como productora de la verdad jurídica.
La obra aporta experiencias de los actores directos, que podrá ser replicada en futuros juicios por delitos de lesa humanidad en el país y el mundo
27 mayo 2014
20 abril 2014
Memorias de la casa arrasada en Tortuguitas
20-4-2014|16:17|MEGAJUICIO ESMA IIESPECIALES
Etiquetas:
Ángela Urondo: memorias de la casa arrasada en Tortuguitas
La hija de Francisco "Paco" Urondo reconstruye, a partir del relato de su hermano Javier -a quien reencontró en 1994-, el secuestro de su familia en una quinta de Tortuguitas. TIempo después, detenido en Devoto, su padre empezó a escribir La patria fusilada.
Por Ángela Urondo
Verano de 1973
Cuando los escuchó bajar por los techos, mi hermano Javier creyó que venían persiguiendo a un ladrón. Abrió la puerta y se encontró con un tipo apuntándole con una ametralladora. Tenía 16 años y estaba en la casa con su mamá. Entraron un montón de policías armados, vestidos de civil. Se empezaron a llevar cosas y a romper otras Dejaron todo dado vuelta, en el suelo, en ruinas. “Ordená todo, pibe”. La voz del jefe del operativo quedó resonando cuando la patota se retiró llevándose a su madre. Pero ¿cómo se pone en orden eso? La casa arrasada. Desde el pasillo se notaba que también habían pasado por el departamento de adelante. Todo faltaba de su lugar, desde el teléfono de baquelita EnTel, hasta la herramienta de trabajo del vecino, su preciada guitarra. No fue un allanamiento, fue más bien un robo masivo de objetos y personas. El desmadre.
Tomando todas las medidas de seguridad a su alcance, Javier salió en busca de ayuda. Tenía que correr contra reloj para dar aviso en Tortuguitas. En la quinta Dixie vivían el viejo con Lili (Massaferro), -que todavía era su pareja- y Claudia, nuestra hermana mayor, embarazada, esperando su primer hijo con el Jote. Era una casa alquilada que compartían con algunos compañeros cercanos que se quedaban y otros miembros de las FAR que pasaban ocasionalmente para las reuniones. Pero cuando Javier llegó allá, no encontró a nadie. No pudo dar aviso. La quinta había caído, otra vez la misma escena. Otra vez la incertidumbre.
A lo lejos vio al consigna de guardia comiéndose un asado junto al casero. La posibilidad de haber caído en una trampa ratonera lo hizo retroceder sobre sus pasos y escapar de ahí. Dos cuadras, colectivo. Mirar atrás al bajar. Otras dos cuadras. Vuelta manzana. Colectivo en el sentido contrario. Mirar atrás al bajar. Vuelta manzana, dos cuadras más. Tren, dos estaciones. Mirar atrás al bajar. Vuelta manzana, dos cuadras, colectivo. Mirar atrás al bajar.
En casa de los abuelos ya se habían enterado. Habían recibido un llamado telefónico de una abogada del Movimiento. Los consternaba más la noticia de que su hijo era peronista, que la de que estuviera detenido. No lo podían creer. Los diarios titularon: “Inquietud por el paradero de Paco Urondo”, “Graves Revelaciones Sobre la Célula Extremista Descubierta en Tortuguitas”, “Tribunales: a ocho acusados por hechos subversivos, dictóse prisión”.
La prensa local operó justificando la acción represiva de la dictadura. Era época de Lanusse: la “dictablanda” por la que Lili había perdido a su hijo Manolo, asesinado por la policía dos años antes. La desaparición forzada de personas no era todavía una práctica masiva sistematizada como lo fue después. Las cárceles estaban atiborradas de personas aprisionadas por razones políticas. Por resistir, por intentar romper la dictadura.
Media familia con prisión preventiva –acusada de integrar una organización extremista– por los delitos de asociación ilícita calificada, encubrimientos reiterados, tenencia de documentos de identidad falsificados, automóviles robados, material de propaganda de las FAR, planos de comisarías, chaquetillas de uniformes de la Fuerza Aérea, tenencia de municiones, armas de guerra y explosivos. Dentro de todo, era buena noticia que los habían blanqueado.
Hubo inmediatas acciones de respaldo. En la defensa legal estuvo Rodolfo Ortega Peña. En París se constituyó un Comité de solidaridad, encabezado por Malitte Matta y Marguerite Duras, que enviaron un telegrama a Lanusse: “Pedimos confirmación detención del poeta Urondo y su familia y reclamamos liberación inmediata”. Llevaba las firmas de Sartre, Beauvoir, Bareiro Saguier, Régis Debray, Carlos Fuentes, García Márquez, Nathalie Sarraute, Semprún, Copi, Pasolini, Julio Le Parc, el comité de redacción de las revistas francesas Esprit y Les Temps Modernes, y los dirigentes de izquierda franceses Michel Rocard del Partido Socialista Unificado y el trotskista Alain Krivine.
“Parece según noticias de buena fuente, que de un tiempo a esta parte, no es nada fácil dar con vos personalmente. Siempre fuiste un poco jodón, pero en este caso estoy convencido de que no tenés la culpa de que los amigos no se puedan tomar un vino con vos, y como no soy rencoroso, te escribo Paco con la seguridad de que muy pronto has de cambiar de conducta y no solamente aceptar visitas sino incluso devolverlas…”, escribió Julio Cortázar en una “Carta muy abierta”, publicada por el periódico Libération. En cuanto pudo venir al país, bajó del avión y se fue directo a Devoto. Amenazando escandalosamente a los guardias con que escribiría sobre ellos, consiguió ingresar fuera del horario de visitas, y poner el hombro amigo al abrazo.
En la cárcel el viejo Paco fue sometido a una pequeña sesión de picana. Al Jote le dieron una bastante más grande. A semanas de las detenciones, las mujeres fueron liberadas bajo caución. Los demás pasaron casi cuatro meses presos. En la cárcel de Villa Devoto, Paco escribió tal vez los poemas más hondos, dejando bien dicho, que las únicas irreales, son las rejas.
La patria fusilada
Las expectativas estaban centradas en el fin de la dictadura. La restauración democrática y el fin de la proscripción del peronismo dejaban prever el comienzo de una nueva etapa con la ley de amnistía anunciada para los presos políticos.
El día de la asunción de Cámpora a la presidencia, mi hermano Javier se acercó hasta el penal para esperar las noticias. Cuando llegó, encontró una multitud que derribaba los portones para reunirse con los de adentro. Entró con una ginebra para el viejo y se zambulleron juntos en los festejos. Más tarde el viejo se reunió en una celda con los tres sobrevivientes de la masacre de Trelew y juntos regaron de ginebra una de las conversaciones más difíciles de atravesar: la reconstrucción del fusilamiento de 19 prisioneros políticos, acribillados en la Base Naval Almirante Zar el 22 de agosto de 1972.
Las voces de Ricardo René Haidar, María Antonia Berger y Alberto Miguel Camps se condensaron en La patria fusilada, que deja constancia de lo ocurrido, exponiendo (al igual que Operación Masacre de Rodolfo Walsh), la forma en que se encubrían los fusilamientos en supuestas fugas. En el libro se detallan la masacre y su marco previo, el intento de fuga del penal de Rawson, pero también se encapsula el momento de la recapitulación en la última noche dentro de la cárcel. Toda la densidad de los silencios, en contraste con la algarabía desatada alrededor por las inminentes liberaciones. Antes del amanecer, el pueblo sacó a los presos políticos a la calle.
La primavera duró 34 meses, hasta que golpeó al país la siguiente dictadura y esa sí, fue bien dura. Muchos de los amnistiados cayeron entonces, definitivamente. Pocos lograron sobrevivir ese largo y crudo invierno del que nadie salió ileso.
Posdata
Nací en 1975 y un año más tarde perdí todo menos la vida. Padres. Casa, ropa, juguetes. Todas las cosas, los puntos de referencia, desaparecieron. Sustituida la historia de origen, la familia reemplazada y omitida. Me perdí de mí.
El 17 de Junio de 1976, el viejo Paco cayó muerto por un culatazo en el cráneo, durante un operativo policial de captura, del que mi mamá, Alicia Raboy, y yo resultamos secuestradas y del que ella permanece desaparecida. Algunos de los ejecutores físicos que participaron del operativo, fueron juzgados y condenados en 2011. Las penas están siendo cumplidas en cárceles comunes.
Claudia y Jote fueron capturados el 3 de diciembre de 1976 por un grupo de tareas de la Esma y desde entonces están desaparecidos. Claudia tenía 23 años y el Jote 28. Eran padres de dos hijos, que los sobrevivieron.
La patria fusilada fue valorada como prueba testimonial en el juicio por la Masacre de Trelew. Los responsables fueron condenados en 2012. Ninguno de los sobrevivientes a la masacre consiguió sobrevivir a la última dictadura.
Las causas abiertas en la caída de Tortuguitas nunca tuvieron un cierre formal. No hubo procesos de justicia por los abusos cometidos por las autoridades durante las detenciones de 1973.
Mi hermano Javier, afortunadamente, no perdió a su madre. En 2013 fuimos a los tribunales de Comodoro Py a escuchar sus testimonios en el Megajuicio Esma II, donde ofrecieron el relato de todo lo ocurrido, incluyendo la denuncia por las caídas de Tortuguitas, de la que habían pasado 40 años. Los jueces indagaron sobre el principio del final, revisando en perspectiva y teniendo en cuenta lo que vino luego. Este episodio fue un anticipo de la represión que se avecinaba, el marco previo al genocidio que se desencadenaría brutalmente a partir de 1976, con metodologías monstruosas y pérdidas enormes, que dejarían todo lo demás fuera de escala.
En mayo de 1994 mi hermano y yo nos encontramos por primera vez y empezó a disiparse la niebla. Corrijo la expresión: no fue la primera vez, nosotros nos conocimos antes, mucho tiempo atrás. Tanto tiempo atrás, que no podía recordarlo. 20 años parecían toda una vida entonces y ante el pésame por el tiempo perdido, ofreció el futuro: “Algún día habremos pasado más tiempo juntos, del que nos robaron”. Pronto cumpliremos nuestros primeros 20 años. No sé si haya forma de que el tiempo que nos perdimos uno del otro, pueda quedar compensado, pero paso a paso seguimos descubriendo cómo es esto de tenernos de hermanos. Él tiene recuerdos de lo que yo no alcanzo y me lleva. Me ubico en su memoria. Me aprendo. Nos tocó mucha tarea difícil: todo que rectificar y nado contracorriente. Hoy vemos crecer nuestra familia en una realidad más justa. Las pérdidas, son irreversibles, al igual que los reencuentros y las verdades develadas. Sin vuelta atrás, como el camino pertinente.
Foto de portada: Javier Urondo.
25 marzo 2014
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