MEDIÁPOLIS Argentina (2016) - Serie documental 13 capítulos - 50 minutos Dirección: Paula de Luque Estreno: martes 30 de agosto
Filmada en diez países a lo largo de 2014 y 2015, Mediápolis describe la historia de la relación entre los Gobiernos y los medios de comunicación de masas de América Latina, a través de una exhaustiva investigación y los testimonios de exfuncionarios, periodistas y especialistas en comunicación y cultura de todo el continente.
Sin haber tenido tanta trascendencia como el asesinato de su padre Francisco “Paco” Urondo, la desaparición de Claudia Urondo y su compañero Mario Lorenzo Koncurat en diciembre de 1976 marcó una vez más a esta familia que a lo largo del proceso dictatorial y posteriormente, padeció la muerte de uno de sus miembros el secuestro y desaparición de otros y la supresión de identidad de la menor de sus integrantes.
Claudia Urondo nació en Santa Fé en 1953, era hija del poeta y periodista Francisco “Paco” Urondo y de Graciela “Chela” Murúa. La influencia del hogar paterno, lugar de intensa actividad social y cultural, la llevó desde adolescente a frecuentar a los núcleos juveniles más politizados. Su padre había desempeñado tareas como funcionario provincial en el área de cultura en la provincia de Santa Fé y simpatizaba con la experiencia cubana, lo que afianzaba aún más el acercamiento de Claudia a posiciones de izquierda, representadas a fines de los 70 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias FAR, grupo orientado por Carlos Olmedo, dirigente político distanciado del Partido Comunista del que había formado parte.
La influencia de Olmedo en un grupo de jóvenes estudiantes que se reunían en un domicilio del barrio de Belgrano, acercó también a la actividad política a su padre Paco.
“Carlos Olmedo era un dirigente políticamente muy sólido, muy carismático y eso lo hacía muy atractivo” rememora Javier Urondo, hermano menor de Claudia y agrega “eso atrajo al viejo, que comenzó a militar en las FAR poco tiempo después que Claudia”.
Claudia tenía una relación afectiva con Carlos Goldemberg también militante de la organización y las reuniones en Belgrano acercaban a muchos otros integrantes.
“Allí se reunían Goldemberg, su hermana Isabel que era pareja de Olmedo, su hermana Liliana que tenía una relación con Sergio Berlín, otro militante” enumera Javier, “todos ellos muertos o desaparecidos” concluye.
Refieren que la primera intervención de Claudia en la organización FAR fué en el repudio a la visita del empresario Rockefeller, dueño de una cadena de supermercados en nuestro país en el año 1970.
Carlos Olmedo muere en 1971 en un enfrentamiento en Còrdoba y la organización queda sin uno de sus principales dirigentes. y la confluencia de esta organización con Montoneros va acercándose de a poco.
Claudia conoce en Belgrano a quién será su compañero y padre de sus hijos, Mario Koncurat “el Jote” y rompe con Carlos Goldemberg.
“Ellos viven durante la infancia y la adolescencia en Belgrano” relata Nicolás Koncurat, hijo de Claudia, aunque aclara que los datos que posee los obtuvo de sus familiares. “Hace un tiempo, una organización por la memoria que instala baldosas con los nombres de ciudadanos desaparecidos por la dictadura, nos invitó a una escuela de Belgrano donde pusieron una baldosa en su homenaje y de otras alumnas desaparecidas” concluye.
Nicolás refiere que su padre Mario Koncurat, participó del Cordobazo en el año 1969 y que su llegada a Buenos Aires se produjo para refugiarse de los pedidos de captura que tenía pendientes.
“Claudia era de temperamento muy decidido” dice Javier, “ era algo hosca y no dudaba acerca de sus objetivos” comenta. “El riesgo ante la militancia nunca fué un impedimento para ella y no daba espacio a que se discutiera esa situación a nivel familiar” termina .
“Sus amistades comprometidas en la militancia fueron forjando esa actitud” recuerda Javier, “eso y el caldo de cultivo que fue la etapa de los 60 y los principios de los 70, donde la juventud estaba comprometida en la búsqueda de un cambio”
“Mario apareció en la casa en la que vivíamos con mi papá y Claudia, a refugiarse porque no tenía documentos, había estado en enfrentamientos junto con Juan Roqué y era buscado” recuerda Javier, “llegó para le época de Trelew (agosto de 1972), y junto con Claudia y mi papá militaban los 3 en la villa General Sarmiento”
Es en esa zona donde en el año 1973, en una quinta de Tortuguitas, Claudia es detenida junto a su padre, su compañero y otros militantes y llevada al penal de Devoto, aunque es liberada en poco tiempo por su embarazo.
“ De la quinta de Tortuguitas se van a vivir al penal de Devoto, pero en cuartos separados” ironiza Javier
Su padre y su compañero junto con los otros detenidos políticos salen amnistiados por el gobierno triunfante de Héctor Cámpora. De la jornada del 25 de mayo de 1973 vivida en el penal de Devoto, queda la entrevista a los sobrevivientes de Trelew efectuada por Paco Urondo.
Poco tiempo despuès, en junio de 1973, nace el primer hijo de Claudia y Mario, Sebastián, y la pareja vive entregada a la militancia a tiempo completo en la organización Montoneros, desarrollando trabajo de base en la villas de la zona de Rosario.
Los acontecimientos del año 1974, desde la fractura de las organizaciones combativas con Perón en adelante significan otro cambio para la pareja.
“Me cuenta mi abuela que en ese primer año de democracia mis padres vivieron un período muy vital, se sacaron fotos, de ese primer año de Sebastián hay miles de fotos” refiere Nicolás. “Después, cuando pasó eso de la plaza de Mayo, cuando de un lado quedó el peronismo más tradicional y del otro los Montos, otra vez se complicó todo” concluye.
“Para el 1º de Mayo de 1974, ellos venían con 50 micros desde el Gran Rosario a participar en el acto de la plaza” relata Javier.
El regreso a la clandestinidad de la organización Montoneros los hace trasladarse nuevamente a la Capital Federal e instalarse en el barrio de Caballito, donde en diciembre de 1974 nace Nicolás el segundo hijo de Claudia.
La vida de Claudia y su pareja seguía dedicada tiempo completo a la militancia y a la crianza de sus hijos.
“Mis padres hacían la vida de los jóvenes de la época” cuenta Nicolás, “ a veces dice mi abuela que nos dejaban a Sebastián y a mi con ella e iban al cine o salían a comer” y continúa, . “ me parece algo muy loco porque la vida de ellos era totalmente entregada a la militancia, los proyectos personales eran algo que parecía no existir” refiere, “eso es algo que a veces me duele” dice para terminar.
“La vida de Claudia puede resumirse en pocos hechos, después de la secundaria, su pareja con Mario, la militancia , su prisión, la vida en la villa de Rosario y su último período aquí en Buenos Aires hasta que los secuestran” relata Javier.
“Mis padres habían elegido una vida muy vertiginosa, nada relajada, de un fuerte compromiso con lo social y lo político” dice Nicolás, “y aunque se sabía que venía un golpe y que sería muy duro, nadie imaginaba que iban a ser tan sanguinarios y tan sicópatas” concluye.
En junio de 1976, su padre es asesinado por fuerzas militares en la provincia de Mendoza dònde se había trasladado por indicaciones de la dirección de Montoneros.
Claudia y Mario fueron secuestrados en la vía pública el 3 de diciembre de 1976. Era el día del 2º cumpleaños de Nicolás. Los hijos de la pareja estaban en una guardería bajo nombres falsos, dada la situación de clandestinidad en que vivían. Aunque hay diversas versiones, se cree que se enfrentaron a sus secuestradores y llegaron sin vida a la ESMA. Los niños fueron secuestrados por los militares y entregados a un hogar de menores de dònde fueron rescatados por sus abuelos el 7 de enero de 1977. Claudia Urondo y Mario Koncurat continúan desaparecidos.
Francisco «Paco» Urondo
El poeta y periodista Francisco Urondo fue asesinado en junio de 1976 en una emboscada en la localidad de Guaymallèn, Mendoza donde ademàs es secuestrada su compañera Alicia Raboy quièn a la fecha sigue desaparecida. La hija de ambos, Angela Urondo Raboy recuperó su identidad en el año 2013 luego de larguísimos trámites judiciales.
Urondo se había desempeñado como director del Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires hasta que renuncia ante el avance de la derecha en el gobierno peronista. Participa del proyecto del diario Noticias hasta su clausura y posteriormente desarrolla su militancia en la clandestinidad. Luego del golpe es enviado por la organización a Mendoza donde es asesinado.
Causa ESMA III
El Tribunal Oral Federal N° 5 tramita desde el 28 de noviembre de 2012 la tercera causa de le centro clandestino de detención Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) con 67 imputados y 789 víctimas. Como se llegó a esta instancia con un número mayor de damnificados por los delitos de lesa humanidad es lo que comentan el Dr. Diego Morales y la Dra. Daiana Fusca del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Diego Morales es Director del Área de Litigios y Defensa Legal del CELS y Daiana Fusca es la coordinadora del área a cargo de la querella representando a algunas víctimas.
La reconstrucciòn de una causa de estas caracterìsticas fue posible por variados recursos. “Se llegò en algunos casos a identificar vìctimas por los dichos de familiares” explica Fusca, “a veces por testimonios de sobrevivientes que reconocìan a algunos de los que pasaron por el centro de detenciòn”.La ardua y trabajosa reconstrucciòn tuvo otros detalles. “ Este trabajo tambièn utiliza relacionar testimonios entre si ya que de algunos detenidos sòlo se conocìa el apodo, dado las caracterìsticas de la militancia polìtica de las vìctimas” sigue relatando Fusca.
El Servicio de Antropología Forense jugó un papel preponderante en esta metodología mencionada. Para obtener datos del caso de Claudia Urondo y Mario Koncurat, se partió de testimonios de militantes que habían participado de reuniones conjuntas y que convocados al servicio, formaron un cuadro relacionando a los detenidos que habían tenido ocasión de ver.
“La investigación es armar este rompecabezas para llegar a la certeza de quienes fueron detenidos y permanecen desaparecidos”. Los cargos que se le adjudican a los responsables del centro clandestino de detenciòn son privaciòn ilegítima de la libertad agravada, tormentos y en algunos casos el homicidio. “ Se entiende por tormentos no sólo al maltrato físico, golpes, picana etc, sino también a las condiciones de detención sin mínimas condiciones de higiene y alimentación por ejemplo” refiere Fusca,” no hay que probar la picana específicamente, aunque en muchos testimonios surge como método habitual para interrogar” concluye.
En los casos en que se juzga por homicidio a los acusados la situación admite diversas instancias.” En algunos casos hay víctimas que fueron asesinadas frente a testigos que luego lo refirieron, en otros casos son cuerpos que han aparecido en enfrentamientos fraguados” explica Fusca. “Algunos cuerpos presentan las marcas de esposas en manos y pies” dice Morales para ejemplificar estas situaciones.
“Actualmente sin mediar estas situaciones, la causa del Primer Cuerpo de Ejército está imputando por homicidio de 19 víctimas que se pudo probar que fueron trasladadas en los “vuelos de la muerte” de los cuales sólo aparecieron cinco cuerpos” dice Fusca.
“En ESMA también hay un caso muy interesante del juicio anterior a este, que logró que se condenara a los responsables por homicidio de una víctima que ingirió la pastilla de cianuro” explica Fusca señalando a esa situación como la más compleja de estos juicios.
Una parte importante pero menor, fueron los archivos oficiales encontrados. Los responsables de los delitos procedieron a destruir la documentación que los involucraba pero algunos hallazgos permitieron reconstruir la doble estructura de los organismos dedicados a la represión. De una investigación orientada por el Ministerio de Defensa, surgieron los nombres de responsables que tenían doble función, la oficial y la clandestina dedicada a la comisión de estos delitos en el marco de la lucha antisubversiva. Los responsables identificados fueron detenidos en algunos casos y hay algunos prófugos.
“En las causas anteriores ya fueron juzgados y condenados los más conocidos de los represores, pero en estas nuevas causas se está ascendiendo en el escalafón de responsabilidades” comenta Fusca, “ hay muchos imputados que tenían altos cargos y que fueron autores mediatos”.
“Esta menciòn al rompecabezas, no es sólo para reconstruir la historia de las víctimas” dice Morales, y explica” también se reconstruye la estructura del aparato represivo para poder asignar responsabilidades”
“Despuès de tantos años siguen surgiendo testimonios de desapariciones de familiares que estamos acompañando y que declaran por primera vez despuès de tantos años” comenta Fusca.
Con respecto a responsabilidades civiles, algo que está presente en otras causas en curso refiere Fusca, “En la causa ESMA està imputado un abogado, amigo de Jorge Acosta, que estuvo presente en el lugar y que participó de los “vuelos de la muerte”.
Se estima que el juzgamiento de esta causa dure aproximadamente 24 meses, se escucharán 830 testimonios, además de declaraciones efectuadas en causas anteriores que se agregarán.
EPILOGO
El horror del subsuelo
El edificio de tribunales de Comodoro Py es una mole enfrentando a otra mole, que es el edificio del Estado Mayor General de la Armada. Dentro de los tribunales, en una espaciosa sala del subsuelo, el Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5) juzga por estos días la llamada Causa Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), una de las denominadas megacausas por la magnitud de los delitos e imputados. Es una verdadera paradoja que esos imputados, antiguos oficiales y suboficiales de la Marina y algunos ex policías y miembros civiles del aparato represivo de la última dictadura militar, sean juzgados justo enfrente del edificio que alberga la administración centralizada de su fuerza.
La sala de audiencias posee una sala de espera con innumerables puertas que remiten a una sala cinematográfica con algunos asientos con el confort desaliñado y descuidado frecuente en oficinas públicas. Dentro de la sala de audiencias una mampara vidriada de unos dos metros de alto separa al público de los integrantes del poder judicial y las querellas y defensas que participan de las audiencias.
La vigilancia la ejercen unos agentes de policía de edad avanzada y agentes femeninos lo que lleva a creer que su presencia es una forma simbólica del ejercicio de la autoridad, que se limita a solicitar con cortesía que los celulares sean apagados y vigilar el ingreso y egreso del público y las partes querellantes a la sala durante el comienzo, los cuartos intermedios y el final.
Un hombre joven de menos de cuarenta años, está sentado en el estrado reservado a los testigos. A su izquierda se encuentra el estrado principal que domina la sala reservado a los jueces del tribunal, el ministerio público representado por una fiscal y el resto de las querellas se encuentran casi al alcance de su mano, un poco en diagonal a su derecha. La mirada del testigo enfrenta a los imputados que se encuentren en la sala y a sus defensores.
Según observa la presidenta del tribunal, Nicolás Koncurat, que asi se llama el testigo, declara en la causa como damnificado por la desaparición de sus padres, Claudia Urondo de 23 años y Mario Koncurat de 28 años a la fecha de su desaparición. Los hechos que relata Nicolás sucedieron hace 37 años el 3 de diciembre de 1976 cuando él tenía dos años y su hermano mayor, Sebastián, cuatro. Nicolás habla con tranquilidad y aclara que su relato no es de sus recuerdos ya que no los tiene de aquella época sino que reconstruye la historia que su familia ha ido elaborando en base a los testimonios obtenidos con el paso del tiempo. Por la situación de clandestinidad de su familia habían sido anotados con nombres falsos en su jardín de infantes y que ante la ausencia de sus padres los directivos del jardín los derivaron a la policía que por orden de un juzgado los alojó en una institución oficial. Allí según sigue relatando Nicolás permanecieron 40 días con una salida intermedia de cerca de diez días de la que no se registra a cargo de quién se realizó ni se establece donde permanecieron. Nicolás especula que quizá los captores de sus padres en conocimiento de su paradero los hayan utilizado para amenazar a sus padres cautivos según testimonios en la ESMA. La declaración del hombre sensibiliza a sus primas, sus tíos y su abuela que no ocultan su emoción sentadas entre el público. Cuando finaliza su declaración, el tribunal le agradece y el testigo abandona el estrado.
El panel de las querellas se compone del Dr. Luis Zamora, abogado, ex diputado nacional y militante por los derechos humanos y otros abogados representando a las muchas víctimas de este centro clandestino de detención. El promedio de edad es muy bajo, abogados jóvenes representando a diversas organizaciones de derechos humanos.
Del lado de la defensa, se alinea una primera fila de abogados de apariencia anticuada y de edad avanzada. La segunda fila está ocupada por profesionales más jóvenes, entre los que se destacan una joven delgada de cabello largo con pollera y tacos y un hombre de mediana edad, algo grueso de cabellos bastante largos, que son por esa parte los más activos con sus alegatos y protestas ante el tribunal.Por una alternativa que presentó la declaración de la víctima, los defensores reclaman acerca de la validez de pruebas ofrecidas por las querellas y el ministerio público.
La presidenta del tribunal responde a los reclamos de la parte con tono uniforme y estableciendo claramente su potestad de decidir las cuestiones en discusión. Las intervenciones de la abogada defensora provocan fastidio evidente en los familiares de las víctimas. “Esta mina me tiene harta”, murmura una joven mujer que resulta ser tía del declarante, y prosigue: “son chicanas constantes”.
El tribunal ahora decide tomar un cuarto intermedio y la sala se vacía rápidamente.
Luis Zamora tiene movimientos rápidos y ante la requisitoria se presta con amabilidad pero decide hablar al aire libre fuera del edificio y se dirige por una salida lateral a una playa de estacionamiento. No se anda con pequeñas cuando se define como militante por los derechos humanos y recuerda que se nutrió y enriqueció marchando los jueves con las Madres de Plaza de Mayo cuando “ese hombre” como llama a Videla, era el señor de la vida y la muerte.
“Si levantaba el pulgar” y ejemplifica el gesto,”vivías”, y sigue, “Lástima que lo bajó mucho más”, concluye ahora con gesto afligido. Su participación en el juicio como querellante de varias víctimas, lo encuentra una vez más con críticas a la falta de iniciativas para la efectiva celeridad de estos procesos. Jueces que a veces se retrasan porque ocupan su tiempo en otros tribunales por causas comunes cuando a su criterio, este tema tendría que tener un fuero exclusivo, aunque no deja de reconocer el fuerte impulso que han tenido las causas en los últimos años.
“Estos testimonios me remueven muchas cosas porque son situaciones que conozco desde hace 35 años a partir de mi trabajo en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)”, comenta y sigue “la declaración de este chico lo que ha vivido, me hace recordar a las familias y sus denuncias”.
Zamora habla de la tragedia que cruzó al país y a la magnitud de la misma puesta de manifiesto en estas causas. “Siempre lamento que no estén presentes en las audiencias segmentos de la población uno podría pensar que los estudiantes secundarios podrían concurrir”, opina Zamora. Considera a los juicios como una instancia de nuestra historia y aboga contra la historia “oficial”.
“Una declaración como la de este joven demuestra palmariamente la falta de humanidad de la dictadura y lo que significa el terrorismo de estado”, alega,”mucho más que una declaración doctrinaria de lo que es un genocidio”.
Zamora es un hombre vehemente que transmite pasión a sus palabras pero en todo momento su motivación dice es la búsqueda de la verdad y la justicia. Tras 37 años de demora, se juzgan estos crímenes y habla de la perversión de la clase política que ha permitido esta dilación.
Por eso ahora habla de política, algo insoslayable con este ex diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS) en la década del 90. Comenta los juicios a los responsables civiles y la actitud de la patronal de Ingenio Ledesma cuyo titular Pedro Luis Blaquier está imputado en una causa. Refiere Zamora que la patronal del ingenio presiona a los trabajadores con la posible pérdida de la fuente laboral para que emitan una declaración de repudio a la acción judicial contra el empresario.
La audiencia va a reanudarse y comienza el ingreso a la sala. Durante el receso, la fiscal María de las Mercedes Soiza Reilly ha estado conversando con los familiares de los testigos. Es una mujer de mediana edad, de bellas facciones y gestos firmes. Su diálogo amistoso con varios presentes en la audiencia revela que parece gozar de la confianza de las partes damnificadas. El contraste entre esta mujer enèrgica con la funcionaria que interroga a los testigos es muy notorio, ya que cuando pregunta a las víctimas lo hace con un tono muy suave, atendiendo aparentemente a lo particular y doloroso de los testimonios.
Tras el cuarto intermedio va a declara Javier Urondo, hermano de Claudia Urondo y tío de Nicolás el anterior testigo. Javier es un hombre corpulento con un enorme parecido con su padre, el poeta, escritor y periodista Francisco “Paco” Urondo asesinado en 1976 por una banda de represores en Guaymallén, Mendoza. Javier con una edad similar a la que tenía su padre cuando fue asesinado declara hoy por su hermana desaparecida. La mujer joven que manifestaba fastidio por las interrupciones de la defensa es hermana de Javier y observándola también se ven en ella los rasgos familiares. Angela, asi es su nombre, refiere que ella ya declaró en la causa abierta por la muerte de su padre en Mendoza. “Yo tenía 8 meses cuando atacaron el vehículo en el que íbamos con papá, mamá (Alicia Cora Raboy, detenida desaparecida desde esa fecha) y una amiga de ellos” relata Ángela. “Los asesinos de mi padre y mi madre fueron condenados a perpetua”, concluye.
Javier relata a pedido de la fiscal los sucesos vinculados con la desaparición de su hermana y su cuñado. Habla con voz segura de sus actividades cotidianas y comienza a relatar la historia de militancia de sus familiares. Refiere que se reunían con otros jóvenes en la casa paterna de Barrancas de Belgrano y mientras hace un repaso de los nombre de los asistentes su voz se quiebra ya que la lista macabra parece infinita, “De ellos no queda ninguno”, murmura. La escena remite a las archi conocidas películas de Hollywood en las que un oficial toma lista a un batallón diezmado, pero aquí los caídos son jóvenes obreros y estudiantes víctimas de las fuerzas armadas golpistas. El largo silencio que sigue a su frase es roto por la fiscal que le ofrece tomar un descanso. Javier se niega y tomando un sorbo de agua sigue enumerando fechas y hechos cotidianos de los militantes. Repite los sucesos de la búsqueda de sus sobrinos sin datos certeros de la identidad que usaban y recordando su actividad en esa búsqueda su voz vuelve a quebrarse cuando manifiesta la culpa que lo acompaña desde esa fecha. “Yo tenía 19 años y un represor había amenazado a toda mi familia diciendo que mi padre envenenaba a las mentes jóvenes”, declara con voz acongojada y prosigue, “poco fue lo que pude moverme sin correr peligro” alcanza a decir antes de enmudecer visiblemente emocionado. Cuando retoma la declaración ya repuesto se permite algunas ironías cuando le preguntan sobre los problemas de su padre con las autoridades. “Creo que mi padre tuvo problemas siempre, porque era poeta en Argentina”, señala con seriedad y despierta sonrisas entre los asistentes. Al término de su testimonio y sin preguntas de la defensa ni el tribunal abandona la sala.
Javier Urondo ha dicho todo en el estrado, se ve conmocionado cuando se abraza con su madre, su hermana, sus hijas y su sobrino. El clan Urondo ha reivindicado ante la justicia a sus víctimas y parece respirar hondo por lo arduo de la tarea.
“En estos diez años, con estos juicios se han sentado las bases para un país mejor” afirma Nicolás Koncurat, y sigue “cualquier práctica de memoria activa reivindica la memoria de mis padres y esa generación se merece una investigación seria y encauzada a buscar la verdad”. “Este testimonio es una figura simbólica para mi vida, aunque todavía hay muchas cosas que no se saben sobre el genocidio que sufrió este país” aclara, “estas investigaciones ayudan a una sociedad más justa donde se persiga el bien común” concluye.
“Fue una declaración muy complicada ” , comienza Javier y continúa: “había poco para decir de un enorme agujero”. Por su declaración se deslizaron amigos desaparecidos, la sospecha de que su hermana y su cuñado llegaron muertos o muy malheridos a la ESMA, algún testimonio luego no ratificado señaló la presencia de ella meses después como detenida en ese lugar, un sinfín de presunciones que han constituido el calvario de esta y de otras muchas familias. “Fue poner palabras a tanto silencio” concluye.
La madrugada del 17 de noviembre de 2010 la entrada a los Tribunales Federales de Mendoza conservaba todavía los rastros de la noche anterior. Durante la vigilia todas las escaleras, pasamanos, rampas de acceso, las veredas, los canteros y los bordes de las acequias habían sido iluminados con una infinidad de velas que hicieron resplandecer la esquina de Pedro Molina y España. El umbral de la Justicia fue alumbrado por el pueblo y algo de eso quedó flotando en el ambiente la mañana siguiente. Daba comienzo el primer juicio por crímenes del Estado durante la dictadura en esta ciudad. En el primer piso una tensa sala de audiencias colmada de expectativas. Afuera la calle cortada y llena de gente, pantalla gigante, medios, bombos, banderas, abrazos, compañeros, desahogo, canciones. Ole olé ole olá, a donde vayan los iremos a buscar se podía oír desde todas partes, en las oficinas y en los pasillos. En los sótanos donde esposaban por primera vez a un asesino, a un torturador. En las entrañas del edificio y en las mías. En los oídos de la Justicia. En el corazón de la ausencia, los 30mil retumbaron presentes. En las ventanas abiertas del tercer piso. En los enormes despachos de la Cámara de Casación Penal. En las madrigueras de los cómplices de la dictadura. Todos pudieron escuchar lo que empezaba a ser nombrado. Era una realidad. No éramos nosotros, los sobrevivientes, ni los familiares, ni las víctimas. No éramos las personas. Era la justicia, era la historia, la propia verdad de sus actos, que los venía a buscar y los empezaba a encontrar.
Lo primero, fue distinguir, que poder judicial y Justicia, no eran la misma cosa. Jueces funcionales a la injusticia, como Romano, Miret, Petra, Guzzo o Carrizo tenían toda una carrera encarnando la impunidad, poniéndole la firma. Estos funcionarios de la dictadura, estaban en ejercicio a pesar de estar procesados penalmente. Estos (como muchos otros) funcionarios enquistados en el poder, detentaban un poder rancio, que utilizaban para oponer constantes trabas a la investigación. Eran los mismos que en dictadura rechazaban investigar las denuncias por los desaparecidos, quienes en democracia se ocuparon de interponer obstáculos para que los juicios a los desaparecedores no avanzaran. Atravesaron tantos palos en las ruedas, que lograron dilatar los juicios por años. Pero tanto hicieron, que también generaron mucha evidencia y algunos de ellos fueron apartados e inhibidos de actuar en los juicios de Lesa. Entonces los juicios avanzaron y empezaron a sacar a la luz las memorias propias del genocidio. El entramado de complicidad se fue develando en testimonios y pruebas que corroboraban que la participación de estos magistrados había sido indispensable para que un crimen de esta magnitud se pudieran llevar a cabo.
La participación de estos jueces con la dictadura fue directa y activa. Sus carreras están plagadas de expresiones que constantemente ratifican su profundo compromiso ideológico con el plan de exterminio.
Si bien todavía no estaban siendo juzgados, la mecánica del genocidio se iba consolidando en pruebas y testimonios coincidentes, en cuanto a que los jueces eran parte del entramado, eran parte de los delitos sistemáticos cometidos por el estado durante la dictadura.
A nosotros nos quedaba claro el rol, pero sin embargo estos funcionarios de la impunidad eran personalidades destacadas, muy respetadas socialmente. Miret por ejemplo, se desempeñaba como docente de la Facultad de Derecho de la UNCuyo, donde en la materia Filosofía del Derecho, dictaba clases de Ética y Derechos Humanos. Habían logrado mantenerse por demasiados años en roles jerárquicos dentro de la Justicia y el mundo académico, aunque trabajando siempre en sentido contrario.
La instrucción del juicio penal a los jueces impunicidas, se fue alimentando y se ampliaron los procesamientos de los imputados, como partícipes necesarios de crímenes de lesa humanidad. Por no haber investigado las denuncias por torturas y vejaciones a personas detenidas en el D2 de Mendoza. Por inventar causas contra estas personas a quienes debían defender. Por negar el paradero a los familiares, con costas. Por retener los expedientes. Por tergiversar los hechos. Por naturalizar la tortura y las vejaciones. Por colaborar, blanquear y permitir el terrorismo de Estado.
Al amparo de sus fueros y las manos de otros jueces también amigos de la impunidad, de manera experta siguieron trazando estrategias diversas: dilatorias, difamatorias, intimidatorias y lobbys de todo tipo para evadir su responsabilidad ante la justicia. Hubo amenazas directas a jueces, representantes del ministerio publico fiscal, a la querella, a los familiares, a los periodistas. El dedo en el avispero.
Desde 1976 no volví a vivir en Mendoza. Perdí todo entonces. A partir de allí mi vida quedó judicializada, intervenida por el poder estatal. Aunque mis expedientes están llenos de autógrafos no reconocía físicamente a esos nombres. Cuando me cruzó, no supe quien era ese hombre alto, grueso y muy bronceado, hasta que me avisaron al oído: Es Romano!. Llevaba un saco azul grande, mal colocado en los hombros y un gesto facial de oler huevos podridos.
A Miret tampoco lo reconocí cuando, pocos meses después, estuvimos frente a frente en el Consejo de la Magistratura, que empezaba a tomar en serio el pedido de Jury, para poder avanzar penalmente sobre los genocidas judiciales. Olía a naftalina. El pelo y su camisa eran de un mismo blanco amarillento. Prolijo. Los anteojos de marco dorado. La mirada intensa de quien quiere intimidar. El hombre sepia argumentaba sobre si mismo en tercera persona y cuando quería decir que “no era justo que Miret se vaya por la puerta trasera de la justicia”, un acto fallido lo traicionaba haciéndole tragar el no, para afirmar absolutamente todo lo contrario. Incluso en el inconsciente de la propia boca de Miret, era justo que así sea. Estaba denunciado por no haber promovido la investigación penal de 31 hechos relacionados a desapariciones de personas, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, robos y homicidios, mientras se desempeñaba como Juez Federal de primera instancia entre 1975 y 1983. Cuando todo esto salió a la luz, sus alumnos exigieron no tener que aprender más nada de este hombre. Fue el primero en ser destituido por complicidad con la dictadura. Perdió su jubilación, sus prerrogativas como magistrado nacional, los fueros.
El Jury de Romano vino después. Mucho poder acumulado, lo protegieron más. Una medida cautelar extraordinaria otorgada al amparo de manera irregular por su conjuez y amigo Parellada, le permitió al Juez Romano evadir su juicio político y por un tiempo estirar la impunidad. Pero el peso de su acciones era insostenible. Lo que salía a la luz estaba muy sucio y comprometido para cualquiera que se dijese limpio. Dedo por dedo, le fueron soltando la mano. En el Consejo de la Magistratura todos los consejeros votaron en su contra, incluso aquellos con los que mantenía vínculo personal. Su responsabilidad en la comisión de más de 110 crímenes imprescriptibles contra la humanidad iba a ser motivo de juicio político. Por otra parte, a pesar de las incontables trabas interpuestas por la amplia red de jueces cómplices, el juicio penal tenía los banquillos con sus nombres esperando. La impunidad empezaba a retroceder, aunque sin resignarse.
Al momento en que el tribunal constituido en el Consejo de la Magistratura definía su destitución, Romano pateó el tablero y se jugó una carta que dejaba a la vista de todos, su más profundo respeto por la justicia: se escapó. El 24 de agosto de 2011 se prófugo en avión a Chile, escoltado en los fueros del juez Leiva, que lo acompañó a modo de seguro para cruzar la frontera. Romano se burlaba una vez más de la justicia que todavía representaba, mostrándole todo su desprecio en la cara. Quedaba en evidencia ante el mundo.
Mientras tanto, en Buenos Aires, su expulsión fue un hecho. Se lo juzgó en ausencia y la decisión fue unánime. El Jurado de Enjuiciamiento sentenció de manera contundente: “No le cabe a este cuerpo colegiado un mínimo atisbo de duda para decidir que el doctor Otilio Ireneo Roque Romano no merece continuar en el ejercicio de la magistratura por no tener las condiciones morales para ostentar tan alto honor”.
Perdidos los atributos. Con una orden de captura internacional, Romano pasó varios meses evadido, en alguna parte, como una amenaza latente.
En enero de 2012 un fotógrafo lo encontró en la costa chilena, paseando por las playas de Reñaca. Robusto, bronceado, distendido, con el gesto despectivo intacto.
Al verse descubierto intentó hacerse pasar por perseguido político. La justicia y el gobierno chileno se vieron entonces seriamente involucrados en el debate. La disyuntiva sobre la que debían decidir era si hacían caso al pedido del pobre perseguido y le daban asilo político, o si en cambio respondían al reclamo de la Justicia argentina, extraditando al ex juez prófugo, procesado como partícipe de la dictadura para que pudiera ser juzgado. Mientras esto estaba en debate, Romano obtuvo una visa provisoria y la suerte de un sistema insólito: el arresto domiciliario nocturno, que le permitía gozar libremente del sol y la playa durante todo el día. El argumento de la persecución política no tuvo eco, pero sirvió para ganar tiempo, estirar la impunidad al máximo.Fue sometido al juicio de extradición. El fallo fue confirmado por la Suprema Corte de Chile y el 5 de Septiembre 2013 Romano volvió a la Argentina.
Desaforado y esposado dentro de un patrullero, con su juicio penal por más de 100 crímenes de lesa humanidad esperándolo. Con la inconveniencia de venir acumulando de diferentes cortes, fallos negativos que corroboran las acusaciones en su contra. Con el antecedente de fuga y la visibilidad internacional del caso, Romano no pudo evitar la cárcel. La primera noche la pasó en una celda en la alcaldía de los tribunales Federales de Mendoza, el mismo edificio donde habida ejercido su reinado judicial durante años. Abajo de todo. El otro lado del mostrador. A través de los muros se filtraba ese Ole olé ole olá. Tan cerca de aquel despacho del tercer piso, de los sillones de cuero con tachuelas doradas, del escritorio con su cajón, la lapicera y el sello. Ese lugar seguro, esa guarida que estaba cada vez más lejos.
A pesar de todos los obstáculos interpuestos por todos los funcionarios que siguieron actuando en democracia para favorecer a los criminales de la dictadura, a esa altura en Mendoza y en todo el país, la experiencia de juicio y castigo, avanzaba. Las discusiones sobre el genocidio empezaban a tener un piso y un techo basado en los fundamentos de los fallos que dejaban constancia del lo ocurrido, no solo a nivel local, sino además articulado con otras dictaduras de Latinoamérica en el denominado Plan Cóndor. Sin embargo, los juicios a los cómplices civiles del terrorismo de Estado, no avanzaban al mismo ritmo. Una doble vara para medir los mismos hechos.
Por otra parte, no existían demasiados antecedentes en cuanto a juzgamiento de Jueces por delitos de Lesa Humanidad, a excepción del ex juez Brusa, condenado a 21 años de prisión por su actuación judicial en la dictadura, y los Juicios de Nuremberg por los crímenes del Holocausto.
El 17 de de febrero de 2014 una multitud respaldaba el inicio de este megajuicio por crímenes de lesa Humanidad, con más de 40 imputados, que fueron integrantes del poder judicial, ejército, fuerza aérea y policía. Enorme cantidad de gente rodeó el Palacio Judicial. Mucha más gente que nunca, venidos de todas partes. El Gobierno Nacional, querellante en los Juicios, los funcionarios, la militancia de todo el país se hizo presente para ratificar su apoyo incondicional. En la entrada salón de actos cedido por la Corte Suprema de Mendoza, pancartas extendidas por los familiares de los procesados, insistían con el infundado pedido de “Libertad a los presos políticos”, con que además de intentar establecer una estrategia legal, estaban buscando instalar la perversión del lenguaje, torciendo e incluso invirtiendo el significado de cada palabra. Los presos políticos, los desaparecidos, los sobrevivientes son nuestro dolor social permanente. No hay cinismo alguno que pueda confundir la memoria colectiva, ni artilugio que logre hacer pasar a un represor por un perseguido. Es el peso de sus actos. El la gravedad de los hechos. Es la magnitud del exterminio. Es la vergüenza. Es el vacío. Es la historia en común. Es el horror. La miseria humana. Es la necesidad y el derecho de todos (incluso de los perpetradores) que sean condenadas sus acciones criminales.
Los ex magistrados sabían perfectamente quienes conformaban las patotas que secuestraban, torturaban, desaparecían, violaban y robaban chicos. Ellos sabían quienes eran, tenían comunicación permanente con ellos, trabajaban en un mismo sentido. Estaban de acuerdo.
Los ex jueces represores llegaron caminando a la primera audiencia del juicio (a excepción de Romano, esposado y ya no tan bronceado, y de Guzzo, que en estado de demencia senil fue apartado días antes y poco después murió). Miret como de costumbre, estuvo de lo más llamativo marcando un estilo que mantuvo siempre. En la primera audiencia sacó de su bolsillo una cámara de fotos y disparó a la vista de todos. Hizo capturas del público, de la querella, los fiscales y los jueces. El titular de la Procuraduría de Delitos de Lesa Humanidad, Jorge Auat señaló que el imputado estaba levando a cabo una acción intimidatoria. El tribunal lo reprendió. “Por favor Doctor Miret, guarde la cámara y no lo haga más”. Miret se guardó en el bolsillo la cámara con las fotos, sonrío y siguió la audiencia. En otra oportunidad se levantó del banquillo, atravesó de la sala y se fue, sin avisar ni pedir permiso. Nadie le dijo nada. Así lo hizo a partir de entonces, cada vez que le dio ganas, como una muestra de poder fáctico.
Llevamos más de dos años y medio de debate legal. Cientos de testigos y pruebas en un mismo sentido afirman que los ex jueces fueron y siguen siendo, mucho más que cómplices, eran parte necesaria del engranaje represivo. Sabían dónde estaban los desaparecidos y quienes integraban los grupos de tareas. Sabían perfectamente lo que estaba pasando, no hicieron nada para impedir lo que estaba ocurriendo. Coincidencia ideológica. Estaban de acuerdo y por eso eran parte del plan criminal.
Los integrantes de la justicia federal en Mendoza estaban profundamente compenetrados con la represión y sus postulados. Fueron además activos y diligentes en la aplicación de lo que llamaban “régimen antisubversivo”.
Miret, Romano, Petra Recabarren, Carrizo, Guzzo y otros, desplegaron medidas de prueba infinitas, para perseguir y reprimir a los opositores políticos. Libraron ordenes de captura, dispusieron allanamientos, avalaron los secuestros, convalidaron las declaraciones tomadas bajo tortura, y en contraste con esa intensa actividad persiguiendo presos políticos, cuando alguien denunciaba el secuestro de un familiar, la justicia federal por el contrario, no disponía ninguna medida. Nada.
Lo que establecieron los jueces de la dictadura, fue una zona liberada que permitió a las fuerzas represivas llevar a cabolos secuestros, torturas, homicidios, desapariciones, apropiación de niños, violaciones y saqueos… Aquellos delitos no serían investigados y esa fue la decisión tomada por quienes están siendo juzgados actualmente.
Por otorgar impunidad, por permitir hechos criminales, por liberar la zona jurisdiccional, evitando y obstruyendo toda investigación. En definitiva, por garantizar impunidad.Sin ellos, sin su aporte, muchos de los operativos desplegados por las fuerzas represivas se hubiesen frustrado.
Desde el inicio del juicio a los ex jueces de Mendoza, hasta la actualidad, hubo otras dos condenas a funcionarios judiciales: al ex juez federal de La Rioja, Roberto Catalán y al ex juez de menores de Santa Fe, Luis María Vera Candioti.
Hoy a punto de finalizar la etapa de alegatos, vendrán las réplicas, dúplicas, súplicas, pedidos de condenas, palabras finales, y entonces llegarán las sentencias. Las audiencias salen a gotero. A Romano le acaban de otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria (a Etchecolatz y muchos otros represores en todo el país, también).
Sabemos que apuestan a una salida política. Incluso desde antes que el actual gobierno se perfilase como posible, y ganasen las elecciones y dijesen lo del curro de los Derechos Humanos, la mentira de los 30mil; desde antes de que nombraran una corte de apellidos genocidas y que otorgaran a las fuerzas armadas la potestad del autogobierno descontrolado; desde mucho antes de que desfilaran los genocidas como héroes de la patria, desde antes de los pedidos de amnistía y reconciliación de los editoriales diarios, los criminales de Lesa tienen sus esperanzas puestas en la posibilidad de articular un acuerdo político que les permita salir por la tangente, romper la ecuación, el equilibrio de la balanza.
Sabemos que no hay monstruos, ni actos inhumanos. Solo hay personas capaces de hacer cosas monstruosas.
Sabemos la espera, la esperanza. El viento en contra. Los ojos tabicados. Sabemos la injusticia demasiado.
El genocidio queda inscripto como herida permanente en la historia de la humanidad.
Estos hombres son culpables. Esperamos Justicia. Porque el exterminio implica un daño irreparable, pero la impunidad es otra cosa. Un mal que es necesario remediar, aunque hayan pasado 35, 40 o mil años.
Porque Justicia no es victoria, sino apenas desagravio.
En búsqueda de la palabra justa. Recordando a Francisco Urondo
Poesía y Derecho V. Sobre los abogados-poetas
Notas
Julián Axat, Ángela Urondo, Guido L. Croxatto y Ricardo Rabinovich-Berkman
Organizado por el Departamento de Ciencias Sociales, el 23 de agosto tuvo lugar un nuevo encuentro del ciclo Poesía y Derecho V. Sobre los abogados-poetas en el Aula 217. En esta oportunidad, participaron como expositores Julián Axat, Guido L. Croxatto, Ángela Urondo y Ricardo Rabinovich-Berkman.
Para comenzar, Ricardo Rabinovich-Berkman, director del Departamento organizador, explicó que desde este departamento se viene trabajando en la vinculación entre las artes y el derecho. Con relación a Francisco Urondo, el orador comentó que no se lo ha recordado en esta Facultad. “Me parece que es una de las funciones de la Universidad, quizás una de las principales, es propender a la apertura mental”, sostuvo. Indicó que en un ámbito académico lo positivo es cambiar permanentemente de punto de vista.
Luego, Guido L. Croxatto subrayó la importancia de despertar la conciencia y el interés del estudiante. “Creo que la misión de la poesía es iluminar puntos oscuros”, remarcó. Además, el orador consideró que el derecho debería ser palabra y expresar una palabra, pero hoy no es palabra. “Creo que el derecho es la mercantilización del lenguaje, es la palabra anquilosada y vaciada de todo sentido, la palabra como repetición y trámite, la palabra sin contenido. La poesía es todo lo contrario de ello”, destacó.
Por su parte, Ángela Urondo compartió su historia de vida. “Crecí sin saber mi historia, me enteré de que mis padres no habían muerto en un accidente cuando tenía veinte años y fue muy lento el camino de reconstrucción del pasado y de mi identidad”, relató. Así, señaló que su vida estuvo judicializada desde sus 11 meses de edad, “recién a los 20 años siento que empecé a jugar como un actor activo en ese mapa”. Entendió que el genocidio es un gran sinsentido y atenta contra la humanidad masivamente. “A las personas que nos tocó el genocidio cuando éramos niños, nos toca tener que ponerle palabras a un recuerdo del que uno tiene una memoria inmadura”, añadió.
A su turno, Julián Axat expresó: “Hablar de Francisco Urondo me emociona mucho, principalmente porque uno busca la poesía y cree en la poesía”. Recordó que este año se cumplen 40 años de su desaparición. “El recorrido de la desaparición física de los poetas es también el recorrido de la desaparición simbólica de la obra póstuma de muchos autores que fueron víctima del terrorismo de estado”, describió. Coincidió en la importancia de realizar la conjunción entre poesía y derecho en esta Facultad. “La figura de Paco Urondo tiene un vínculo mayor con el concepto de justicia, porque él ha expuesto en algunos de sus poemas la idea de palabra justa. La idea de palabra justa está rondando todo el tiempo en los versos de Urondo”, remarcó.
