Los organismos de Derechos Humanos de Mendoza, repudiamos la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que dejó libres a los últimos represores que estaban presos en nuestra provincia: Eduardo Smaha Borzuk y Armando Osvaldo Fernández principales torturadores del Centro Clandestino de Detención D2. Con estas disposiciones NO QUEDA NINGÚN REPRESOR PRESO EN MENDOZA.
Eduardo Smaha Borzuk, fue liberado el 12 de noviembre y Armando Fernández el 17 de noviembre. Se encontraban detenidos a disposición del juzgado federal Nº 1 a cargo del Dr. Walter Bento y procesados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, entre ellos, por el asesinato del escritor y poeta Francisco “Paco” Urondo y la desaparición de Rosario Aníbal Torres y Juan Domingo Britos.
La excarcelación fue resuelta por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, fundada en la idea que no existe peligro de fuga, que su libertad no implica un obstáculo para el accionar de la justicia, y por que no pueden volver a cometer los mismos delitos. Sin embargo, los delitos de desaparición forzada que se le imputan a todos los nombrados son delitos de carácter permanente, que se siguen cometiendo, por lo que estos represores siguen delinquiendo sin cesar y hasta que aparezca el último cuerpo del último desaparecido de nuestra provincia.
Los argumentos del tribunal son inconsistentes a la luz de los crímenes aberrantes por los cuales se acusa a todos los represores. Está claro que la clandestinidad con la cual se manejaron los operativos de secuestro, el ocultamiento de los cuerpos de miles de desaparecidos, la utilización de todo el poder del Estado para asesinar, torturar, desaparecer, robar y los 32 años sin justicia, son más que contundentes para considerar que su libertad no sólo implica la alteración de la paz social y merece el repudio más absoluto, sino que es una demostración de la inexistencia de justicia, lo cual es mucho más que un simple obstáculo de la misma.
La Cámara Federal de Mendoza está integrada por: Alfredo Juan López Cuitiño; Carlos M. Pereyra González; Julio Demetrio Petra Fernández, Luís Francisco Miret, Antonio Alberto Endeiza y Otilio Roque Romano. La mayoría de estos jueces vienen de la dictadura.
La decisión que han tomado deja en estado de desprotección y peligro constante a testigos, sobrevivientes, familiares, abogados, y querellantes, cuyo testimonio es la prueba fundamental en estas causas por lo que están expuestos a sufrir ataques de estos personajes entrenados especialmente para actuar con total impunidad, lo que ha quedado demostrado con la desaparición de Julio López.
Los organismos de derechos humanos de Mendoza, responsabilizamos a toda la Justicia Federal por el peligro y por cualquier agravio o amenaza que puedan sufrir sus integrantes, especialmente los abogados que nos representan.
EXIGIMOS que todos los estamentos políticos se pronuncien ante la Justicia Federal, por la impunidad reinante, legisladores, el gobierno provincial, el gobierno nacional, el colegio de abogados.
LA IMPUNIDAD EN MENDOZA
En Mendoza hay más de 200 detenidos desaparecidos, por quienes se han presentado más de 150 causas en la Justicia Federal, de las cuales NINGUNA HA SIDO ELEVADA A JUICIO ORAL Y PÚBLICO, por la actitud claramente dilatoria de jueces, fiscales y defensores oficiales.
La Cámara este año dictó la FALTA DE MÉRITO y liberó en la causa por los asesinatos de Amadeo Sánchez Andía y de Víctor Romano Rivamar, a los procesados de la Policía Federal: Rodolfo “Willy” Cardello, Luis José Mirotta, Marcelo León, Carmelo Cirella Paredes; y quien fuera el jefe de Inteligencia de la Pol. Federal, y aún continúa prófugo Ricardo “el ruso” Aleks.
EXIGIMOS JUICIO Y CASTIGO
EXIGIMOS CARCEL COMÚN A LOS REPRESORES
