"El libro de los Juicios", se presenta el próximo 9 de setiembre en la Universidad Nacional de Cuyo. A continuación, prólogo de Horacio Verbitsky, ilustraciones de Angela Urondo Raboy.
En abril de 2010 , Otilio Romano era amo y señor de la justicia
federal de Mendoza y su imperio basado en la defensa de la impunidad combinaba personal judicial con intereses políticos y económicos.
El diario Uno, de la sociedad que integran Francisco De Narváez, José
Luis Manzano y Daniel Vila, publicó una nota escandalizada con el título
«Magistrados en una conferencia. Omar Palermo, Héctor Cortés y Antonio
González Macías, integrantes de los Tribunales Federales, presenciaron una
charla de Horacio Verbitsky. Deben actuar en causas que se criticaron allí».
No es verdad que se hayan criticado las causas. Se denunció la complicidad
de Romano y de su colega Luis Miret con el terrorismo de Estado. El diario se preguntó si los jueces asistentes «están en condiciones de actuar de
manera imparcial cuando deberán dar a conocer sus sentencias en casos en que se investigan los hechos sucedidos durante la dictadura». Ese mismo
inaudito argumento emplearon los defensores de varios compañeros de
causa de Luciano Benjamín Menéndez para recusar a Cortés y sus dos
colegas del Tribunal Federal 2 por no declarar «la inconveniencia de haber
asistido a dicha conferencia». La conferencia la di yo, que no era parte en
esas causas, y ninguno de los jueces que me escucharon adelantó opinión
alguna sobre ningún hecho. Ni en ese ni en ningún otro expediente se discutía la legitimidad o la moralidad de los crímenes del Estado terrorista ni
la vigencia de las Leyes de Punto final y Obediencia debida, nulificadas por
la Corte Suprema y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lo único que se analizaba en cada juicio era la intervención que pudieron
haber tenido en los hechos las personas acusadas, determinar si cometieron o no los crímenes que se investigan. Cualquier otro enfoque encubría
una vergonzante convalidación del terrorismo de Estado.
Cuatro años después esto es evidente y tanto Romano como Miret y
los también ex jueces Rolando Evaristo Carrizo, Carlos Pereyra González,
Guillermo Max Petra Recabarren y Gabriel Guzzo, debieron sentarse entre
los acusados de la megacausa cuyana. Pero en aquel momento, denunciar
esa complicidad era visto como una osadía inviable. La suspensión de Miret
como profesor de la U N Cuyo, el juicio político a Romano y Miret en el
Consejo de la Magistratura, la fuga de Romano a Chile, su extradición concedida por la justicia y el gobierno de ese país, su alojamiento en una cárcel común y el juzgamiento de todos ellos en el mismo lote con el personal
militar, policial y penitenciario, de cuyos actos criminales fueron partícipes,
forman parte de un extraordinario proceso social y político que puso a la
sociedad mendocina a tono con lo que sucede en el resto del país. Sus distintos pasos y las dificultades que fue preciso superar son la materia de la
que está hecho este libro, con aportes de algunos de sus protagonistas fundamentales. Es un honor que me hayan invitado a presentar este trabajo,
que documenta el desmantelamiento del entramado de la complicidad civil
con el terrorismo de Estado.
Comienza con dos capítulos de orden histórico del fiscal Dante Vega y del
abogado Diego Lavado, que contextualizan y relatan los hechos, situándonos
en la época en que se produjeron las violaciones a los derechos humanos y
dando así un marco político a los demás capítulos.
Continúa con un análisis de lo que podríamos llamar el primer avance
producido en la provincia de Mendoza en el juzgamiento de estos crímenes,
demostrándose la necesidad que surgió durante el desarrollo de los juicios
de cambiar la calificación legal de los delitos atribuidos, para llegar a soluciones más justas en el castigo a los responsables de la desaparición forzada
de personas y los homicidios cometidos durante la dictadura.
La doctora Viviana Beigel, del Movimiento Ecuménico por los Derechos
Humanos, analiza la formulación realizada durante la investigación de las
causas, donde se acusaba por privación ilegítima de la libertad, lo que permitía a todos los imputados permanecer en libertad durante la tramitación
del proceso, demostrando el éxito de la ingeniería política del plan criminal para asegurar la impunidad de los represores. También analiza las sentencias del Tribunal Oral de San Rafael y Mendoza, que califican los hechos
como homicidio agravado.
Fernando Peñaloza describe el paso de la figura de homicidio agravado
a la de genocidio y analiza la dificultad para llegar a una condena por este
delito, para lo cual abrieron la puerta las sentencias de Mendoza.
El libro continúa con un análisis del caso de Paco Urondo, marcando un
avance en el descubrimiento de la verdad histórica para el crimen del escritor y periodista asesinado en Mendoza. Alfredo Guevara (h), cuyos padres
iniciaron la causa en cuanto fue posible, expone cómo se pudo descubrir
que la causa de su muerte fue un golpe en la cabeza propinado por uno de
los policías, que le destrozó la base del cráneo, y no la ingesta de una píldora
de cianuro, como se había creído hasta entonces.
Otro capítulo repasa la mencionada complicidad judicial, con un análisis comparativo de Nüremberg con Mendoza.
El proceso colectivo que se desarrolla en la causa 636F es analizado por el
abogado querellante Pablo Salinas, hijo de detenidos-desaparecidos y uno
de los principales impulsores del avance de las investigaciones, e incluye a
los ex jueces y ex fiscales de la dictadura, reconociendo como antecedente el
juicio a los jueces de Nüremberg. Queda claro que la resistencia que el aparato judicial oponía al avance de las causas por violaciones a los derechos
humanos era un acto en defensa propia por parte de los cómplices con la dictadura militar. Haber desbaratado esa obstrucción deliberada constituye un
hito en el juzgamiento de la responsabilidad civil en la República Argentina.
Otro avance importante que el libro recoge es el reconocimiento en la
jurisprudencia mendocina de los ataques sexuales cometidos contra las
víctimas del terrorismo de Estado.
Pablo Garciarena analiza cómo se logró hacer responsables a los autores
mediatos y jefes superiores por los delitos sexuales cometidos por los subalternos. Se deja de considerar el hecho como un delito de «mano propia», ya
que era imposible para las víctimas reconocer a los autores directos por la
situación de clandestinidad en que ocurrieron y las condiciones de la detención ilegal, con los ojos siempre vendados. Estos delitos formaron parte del
plan criminal y toda la cadena de mandos es responsable.
El último trabajo, de Romina Ronda, analiza los efectos de la tortura y de
la impunidad, rescata la recuperación de la memoria en la reapertura de los
juicios y la importancia de la sentencia como productora de la verdad jurídica.
La obra aporta experiencias de los actores directos, que podrá ser replicada en futuros juicios por delitos de lesa humanidad en el país y el mundo
En abril de 2010 , Otilio Romano era amo y señor de la justicia
federal de Mendoza y su imperio basado en la defensa de la impunidad combinaba personal judicial con intereses políticos y económicos.
El diario Uno, de la sociedad que integran Francisco De Narváez, José
Luis Manzano y Daniel Vila, publicó una nota escandalizada con el título
«Magistrados en una conferencia. Omar Palermo, Héctor Cortés y Antonio
González Macías, integrantes de los Tribunales Federales, presenciaron una
charla de Horacio Verbitsky. Deben actuar en causas que se criticaron allí».
No es verdad que se hayan criticado las causas. Se denunció la complicidad
de Romano y de su colega Luis Miret con el terrorismo de Estado. El diario se preguntó si los jueces asistentes «están en condiciones de actuar de
manera imparcial cuando deberán dar a conocer sus sentencias en casos en que se investigan los hechos sucedidos durante la dictadura». Ese mismo
inaudito argumento emplearon los defensores de varios compañeros de
causa de Luciano Benjamín Menéndez para recusar a Cortés y sus dos
colegas del Tribunal Federal 2 por no declarar «la inconveniencia de haber
asistido a dicha conferencia». La conferencia la di yo, que no era parte en
esas causas, y ninguno de los jueces que me escucharon adelantó opinión
alguna sobre ningún hecho. Ni en ese ni en ningún otro expediente se discutía la legitimidad o la moralidad de los crímenes del Estado terrorista ni
la vigencia de las Leyes de Punto final y Obediencia debida, nulificadas por
la Corte Suprema y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lo único que se analizaba en cada juicio era la intervención que pudieron
haber tenido en los hechos las personas acusadas, determinar si cometieron o no los crímenes que se investigan. Cualquier otro enfoque encubría
una vergonzante convalidación del terrorismo de Estado.
Cuatro años después esto es evidente y tanto Romano como Miret y
los también ex jueces Rolando Evaristo Carrizo, Carlos Pereyra González,
Guillermo Max Petra Recabarren y Gabriel Guzzo, debieron sentarse entre
los acusados de la megacausa cuyana. Pero en aquel momento, denunciar
esa complicidad era visto como una osadía inviable. La suspensión de Miret
como profesor de la U N Cuyo, el juicio político a Romano y Miret en el
Consejo de la Magistratura, la fuga de Romano a Chile, su extradición concedida por la justicia y el gobierno de ese país, su alojamiento en una cárcel común y el juzgamiento de todos ellos en el mismo lote con el personal
militar, policial y penitenciario, de cuyos actos criminales fueron partícipes,
forman parte de un extraordinario proceso social y político que puso a la
sociedad mendocina a tono con lo que sucede en el resto del país. Sus distintos pasos y las dificultades que fue preciso superar son la materia de la
que está hecho este libro, con aportes de algunos de sus protagonistas fundamentales. Es un honor que me hayan invitado a presentar este trabajo,
que documenta el desmantelamiento del entramado de la complicidad civil
con el terrorismo de Estado.
Comienza con dos capítulos de orden histórico del fiscal Dante Vega y del
abogado Diego Lavado, que contextualizan y relatan los hechos, situándonos
en la época en que se produjeron las violaciones a los derechos humanos y
dando así un marco político a los demás capítulos.
Continúa con un análisis de lo que podríamos llamar el primer avance
producido en la provincia de Mendoza en el juzgamiento de estos crímenes,
demostrándose la necesidad que surgió durante el desarrollo de los juicios
de cambiar la calificación legal de los delitos atribuidos, para llegar a soluciones más justas en el castigo a los responsables de la desaparición forzada
de personas y los homicidios cometidos durante la dictadura.
La doctora Viviana Beigel, del Movimiento Ecuménico por los Derechos
Humanos, analiza la formulación realizada durante la investigación de las
causas, donde se acusaba por privación ilegítima de la libertad, lo que permitía a todos los imputados permanecer en libertad durante la tramitación
del proceso, demostrando el éxito de la ingeniería política del plan criminal para asegurar la impunidad de los represores. También analiza las sentencias del Tribunal Oral de San Rafael y Mendoza, que califican los hechos
como homicidio agravado.
Fernando Peñaloza describe el paso de la figura de homicidio agravado
a la de genocidio y analiza la dificultad para llegar a una condena por este
delito, para lo cual abrieron la puerta las sentencias de Mendoza.
El libro continúa con un análisis del caso de Paco Urondo, marcando un
avance en el descubrimiento de la verdad histórica para el crimen del escritor y periodista asesinado en Mendoza. Alfredo Guevara (h), cuyos padres
iniciaron la causa en cuanto fue posible, expone cómo se pudo descubrir
que la causa de su muerte fue un golpe en la cabeza propinado por uno de
los policías, que le destrozó la base del cráneo, y no la ingesta de una píldora
de cianuro, como se había creído hasta entonces.
Otro capítulo repasa la mencionada complicidad judicial, con un análisis comparativo de Nüremberg con Mendoza.
El proceso colectivo que se desarrolla en la causa 636F es analizado por el
abogado querellante Pablo Salinas, hijo de detenidos-desaparecidos y uno
de los principales impulsores del avance de las investigaciones, e incluye a
los ex jueces y ex fiscales de la dictadura, reconociendo como antecedente el
juicio a los jueces de Nüremberg. Queda claro que la resistencia que el aparato judicial oponía al avance de las causas por violaciones a los derechos
humanos era un acto en defensa propia por parte de los cómplices con la dictadura militar. Haber desbaratado esa obstrucción deliberada constituye un
hito en el juzgamiento de la responsabilidad civil en la República Argentina.
Otro avance importante que el libro recoge es el reconocimiento en la
jurisprudencia mendocina de los ataques sexuales cometidos contra las
víctimas del terrorismo de Estado.
Pablo Garciarena analiza cómo se logró hacer responsables a los autores
mediatos y jefes superiores por los delitos sexuales cometidos por los subalternos. Se deja de considerar el hecho como un delito de «mano propia», ya
que era imposible para las víctimas reconocer a los autores directos por la
situación de clandestinidad en que ocurrieron y las condiciones de la detención ilegal, con los ojos siempre vendados. Estos delitos formaron parte del
plan criminal y toda la cadena de mandos es responsable.
El último trabajo, de Romina Ronda, analiza los efectos de la tortura y de
la impunidad, rescata la recuperación de la memoria en la reapertura de los
juicios y la importancia de la sentencia como productora de la verdad jurídica.
La obra aporta experiencias de los actores directos, que podrá ser replicada en futuros juicios por delitos de lesa humanidad en el país y el mundo
