El Tribunal Oral Federal Nº1 de Mendoza, fijó que el 17 de noviembre de 2010 será la fecha de inicio del juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en ese lugar. Ex militares y policías mendocinos comenzarán a ser juzgados por los asesinatos y desapariciones de más de 24 personas durante la última dictadura militar en Argentina. Son 10 los imputados entre militares retirados y ex policías, acusados de secuestros, torturas y homicidios.
El juicio se llevara a cabo sin la presencia del máximo responsable político de la represión en Cuyo, el represor Luciano Benjamín Menéndez, quien en su momento era jefe del III Cuerpo del Ejército con asiento en Córdoba. El tribunal dispuso su separación del debate para no seguir retrasando el juicio, ya que de momento Menéndez se encuentra enfrentando otros dos debates, en las provincias de Córdoba y Tucumán y además ya acumula otras tres condenas a prisión perpetua. Los jueces resolverán oportunamente cual será la fecha de debate para el caso de Menéndez en particular.
En el banquillo de los acusados estarán sentados los máximos responsables de haber llevado adelante la represión ilegal en Mendoza:
El ex coronel Tamer Yapur, quien fuera el interventor que ocupó el rol de gobernador de Mendoza a partir del golpe militar.
El ex jefe de Inteligencia del Ejército, Paulino Enrique Furio.
El ex General Juan Pablo Saa
El ex General Mario Lépori, comandante de la VIII Brigada, desde febrero de 1979.
El ex Teniente Coronel Dardo Migno
También personal policial tendrá que enfrentar el juicio:
El ex Comisario general, Juan Agustín Oyarzábal.
El ex Comisario Eduardo Smahá. Borzuk.
El ex Comisario Inspector Armando Osvaldo Fernández Miranda, quien se desempeñaba como subjefe del Departamento de Informaciones de la Policía de la provincia (D2).
El ex Sargento Luis Alberto Rodríguez Vázquez, por encubridor.
El ex Sargento y médico policial, Celustiano Lucero (quien en declaración indagatoria habría admitido que luego de perseguir y disparar contra el vehículo conducido por Urondo, le habría dado al conductor un cachazo en la parte de atrás de la cabeza, dándole muerte con su pistola reglamentaria 9 milímetros.)
El tribunal Oral n°1 de la ciudad de Mendoza, esta presidido por el Juez Juan González Macías, e integrado por los camaristas Héctor Cortés y Alejandro Piña, el fiscal será Omar Palermo. El juicio acumula 17 causas por crímenes contra los derechos humanos en Mendoza en perjuicio de 24 víctimas, entre los que se encuentran el asesinato del escritor y militante Francisco Urondo, la desaparición de su compañera Alicia Cora Raboy, como así también de la estudiante Lidia de Marinis, Juan Antonio Gutierrez, María Luisa Alvarado Cruz, los hermanos Hugo Alfredo y Julio Félix Talquenca, Nicolas Brizuela, Antonio Garcia, Marcelo Carreras, Rafael Olivera, Nora Rodriguez Jurado, Jorge del Carmen Fonseca, Salvador Moyano, María Ines Correa Llano, Carlos Jackowezyk, Geronimo Morgante, Maria Leonor Mercuri, Rosario Anibal Torres, Domingo Britos, Ricardo Luis Sanchez Coronel, Antonio Juan Molina, Raquel Moretti, Aldo Casadidio, Arturo Elías Rodríguez, Angel Bustelo, Alcaraz, Juan Humberto Bravo, Marcelo Guillermo Bravo y Adriana Bonoldi.
Como querellantes actuarán el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El proceso judicial tendrá una duración aproximada de cuatro meses. Inicialmente se leerán las requisitorias, tanto de los fiscales, como de los abogados querellantes y luego se dará paso a la presencia de más de 200 testigos que participarán de las audiencias.
El juicio podrá ser seguido por los medios periodísticos y el desarrollo de todas las audiencias quedará registrado en imágenes y sonido.
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El comienzo del juicio, previsto originalmente para el 11 de febrero de 2010, había sido retrasado por un pedido de apartamiento del juez Gonzalez Macías, por parte de la cámara federal de casación penal de la provincia Mendoza, cuyos integrantes en este momento están siendo apartados de sus cargos e investigados por su participación durante la dictadura. De sus 6 integrantes, hoy hay 5 fuera de sus funciones, y algunos de ellos como Luis Miret y Otilio Romano, quienes fueron acusados por organizaciones de derechos humanos y por el gobierno de esa provincia, por su complicidad con represores de la última dictadura, están ahora en proceso de Jury, acusados de ser encubridores, cómplices y partícipes necesarios de los delitos de lesa humanidad ocurridos en la provincia. Las denuncias indican que, durante la última dictadura, ambos magistrados dictaron prisiones preventivas basándose en declaraciones obtenidas bajo tormentos y que no denunciaron ni investigaron a quienes estaban aplicando esos tormentos. Los mismos camaristas cuestionados desde esa época cuando eran jueces, dilataron sistemáticamente el avance de los juicios por crímenes de Lesa Humanidad y permitieron que todos los imputados esperasen el juicio en libertad, otorgándoles el beneficio de prisión domiciliaria e inclusive otorgándoles beneficios extraordinarios, como autorizarlos a que tomen vacaciones en Mar del Plata.
La Corte Suprema ratificó la autoridad del Juez Gonzalez Macías en su cargo, quien inmediatamente dispuso la nueva fecha para que, ahora si, comience el debate judicial por los delitos cometidos por los represores del D2 Mendoza.
